La subcomisión quedó integrada por los senadores Juan Felipe Lemos (La U), Aída Avella, Clara López, María José Pizarro (Pacto Histórico), Samy Merheg (Conservador), Angélica Lozano (Alianza Verde), Carlos Meisel (Centro Democrático) y Richard Fuelantala (AICO).
Se espera que los mentados legisladores presenten mañana un consenso en torno a las nuevas solicitudes realizadas al proyecto.
Más temprano, con 32 votos a favor y 47 en contra, fue negada la ponencia alternativa liderada por la senadora de la bancada del Pacto Histórico Aída Avella, y que reintroducía puntos que aprobó la Cámara de Representantes y que modificó la Comisión Cuarta del Senado.
La ponencia con el respaldo mayoritario, que entre otras cuestiones plantea que la jornada laboral nocturna inicie a las 19:00 horas, pasó sin contratiempos con 67 votos favorables y 25 desfavorables.
También fue aprobado un primer bloque de 17 artículos (8, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 43, 44, 52, 58, 59, 67, 69, 72 y 73).
La discusión del proyecto se realiza justo cuando el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar a la consulta popular con el fin de modificar la legislación laboral.
El mandatario refirió que solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso.
La pugna entre Gobierno y Senado tiene que ver con las modificaciones aplicadas al texto durante su tránsito por la Comisión Cuarta, y que difieren del contenido al que la Cámara de Representantes dio su anuencia en octubre del pasado año.
La nueva propuesta no satisface las expectativas de las centrales obreras, y alegan que el proyecto de ley es ahora regresivo.
Según planteó la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, el texto que salió del comité del Senado no reivindica los derechos de la clase obrera.
Denunciaron que el nuevo articulado establece que el recargo nocturno solamente se paga después de las 19:00 horas a quienes trabajen en empresas distintas a una mipyme, con lo cual excluyen al 80 por ciento de los empleados.
Manifestaron asimismo su descontento por el establecimiento de contratos a término fijo hasta por cinco años, “lo cual se convierte en una burla a cualquier opción de estabilidad en el empleo”, según estimaron.
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