La legisladora opositora de Comunidad Ciudadana demandó que el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Manuel Baptista; el fiscal general, Roger Mariaca; y el departamental de La Paz, Carlos Tórrez, soliciten licencia para someterse a las pesquisas en este expediente.

Recordó Salame que estas autoridades fueron mencionadas en el presunto audio que implicó al exministro de Justicia, César Siles, en un complot orientado a controlar el Órgano Judicial.

“(…) Puede ser cierto o falso, pero el presidente de la Magistratura tiene que pedir licencia hasta que se aclare (…)”, afirmó la senadora.

Agregó que, en la grabación difundida, el exministro de Justicia sostiene que habló con Mariaca (fiscal general) y Torrez (fiscal de Distrito de La Paz), lo cual quiere decir que ambos deben pedir licencia “porque tienen conflicto de intereses”.

Se refirió también a los “magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque presuntamente conocieron el caso y estarían implicados.

El escándalo detonó tras la publicación del audio en el cual se escucha a Siles en una conversación telefónica con el juez del municipio paceño de Coroico, Fernando Lea Plaza.

Según la grabación, Siles insta a direccionar un fallo para suspender a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de La Paz, Fanny Coaquira, electa el 15 de diciembre último con más del 60 por ciento de los votos populares, y habilitar a su suplente, Iván Campero.

Indica la grabación que la operación irregular se realizó en coordinación con la vocal de la Sala Cuarta, Claudia Castro, y con el presidente del Tribunal Departamental paceño, Yván Córdova.

Ante esta situación, la Unidad de Transparencia del TSJ intervino en el caso y provocó la renuncia de Siles, Castro y Córdova.

Hasta este jueves, permanecen aprehendidos Castro, Lea Plaza y el suplente Campero.

En un pronunciamiento leído por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, la sala plena ampliada del Órgano Judicial anunció la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, instancia que vigilará permanentemente cualquier intento de injerencia, interna o externa, que busque afectar la autonomía de este órgano del Estado. La decisión fue asumida con la participación de los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros de la Magistratura, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial ante recientes denuncias de presiones y actos irregulares.

Al propio tiempo, demandaron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estuvo ausente.

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