En un mensaje televisivo, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, se pronunció por primera vez en persona sobre la controversia desatada el 13 de junio, cuando la junta dictaminó el retorno al cargo de la que fue destituida en mayo de 2022 por la misma instancia de supervisión de jueces y fiscales.

Anunció «un procedimiento de ejecución forzosa» de la decisión y dijo que esta tiene carácter administrativo, por lo que debe cumplirse y no puede ser apelada judicialmente, instancia a la que acudió en días pasados Espinoza.

Ríos se presentó junto a cinco miembros de la JNJ, con lo que despejó dudas sobre el consenso logrado para el polémico dictamen, cuestionado también por quienes invocan una ley, según la cual anular una decisión ya consumada requiere de unanimidad de todos los miembros de la junta y el séptimo no votó ni estuvo en el video.

El abogado de Espinoza, Luciano López, lamentó “la consagración de las ilegalidades de la JNJ” en el caso y desestimó la posibilidad de que la Policía intervenga en el complejo problema solo por orden de la junta, ya que solo podrìa hacerlo con una orden judicial.

“La Policía no tiene facultad coercitiva, es el juez el que la autoriza a ejercerla y actuar”, coincidió el exministro del Interior Remigio Hernani, un duro detractor de la fiscal y afín a los partidos y medios de prensa conservadores contrarios a Espinoza.

El presidente del partido neoliberal Libertad Popular, Rafael Belaúnde, comentó que la decisión de la JNJ y su secuela política demuestra que Perú parece convertirse en una república bananera, pues solo así se explica que esa misma instancia haya destituido a Benavides y ahora, con otros miembros, ordene su reposición.

Coincidió con el principal argumento de Espinoza, de que la norma sobre casos como ese, en que una instancia jurisdiccional decide anular un fallo propio, debe hacerlo con los votos de todos sus miembros y el hecho que uno no haya votado, invalida el fallo, aunque la JNJ alega que fue por “unanimidad de los presentes”.

El también empresario Belaúnde añadió que actitudes como esa atentan contra la institucionalidad y afectan la seguridad jurídica, lo cual aleja a las inversiones necesarias para el desarrollo.

Entrada la noche, cientos de manifestantes permanecían frente al Ministerio Público coreando lemas a favor de Espinoza, porque consideran que su relevo favorecería intereses políticos empeñados en la impunidad de muchos casos de corrupción.

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