Un comunicado de la Cancillería calificó de vergonzosos los pronunciamientos del mandatario guayanés y señaló que en el lugar “se presentó, no como jefe de Estado, sino como subordinado político, rindiendo cuentas a sus verdaderos amos”.

Denunció que desde ese “espacio de sumisión y dependencia, Irfaan Ali hizo atrevidas e infundadas acusaciones en contra del Gobierno venezolano, mintiendo descaradamente sobre un tema que bien conoce, ya que es el verdadero jefe de la mafia de extracción ilegal del oro y minerales”.

El texto indicó que esas acciones ocasionaron “destrucción acelerada del ambiente y la vida misma en un territorio que no le pertenece”, además de liderar un esquema de saqueo del petróleo en un mar pendiente de delimitación, cuya explotación es completamente ilegal e ilegítima según el Derecho Internacional.

La Guayana Esequiba es territorio venezolano, y solo el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el mecanismo válido y reconocido para resolver la controversia sobre ese espacio terrestre, subrayó.

“No existe atajo judicial ni maniobra mediática que despoje a Venezuela de sus derechos históricos”, ratificó.

El Ejecutivo bolivariano afirmó que Guyana carece de autoridad moral para hablar de legalidad o de democracia.

Añadió que lo que exhibe como “cooperación” con Estados Unidos “no es más que una entrega servil de soberanía, que busca convertir a su país en una base de operaciones contra Venezuela y contra la estabilidad de la región”.

“A Irfaan Ali le decimos claramente: mantenga silencio cuando se refiera a Venezuela”, enfatizó, y manifestó que su gestión, marcada por el entreguismo, el robo y la provocación, no tiene legitimidad para señalar a nadie.

El texto oficial formuló que más temprano que tarde, tendrá que sentarse con Venezuela a resolver lo que se niega a admitir: que «el Esequibo es venezolano, y que la explotación de recursos en áreas marítimas sin delimitar, es un acto de piratería moderna que no será tolerado.

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