El estudio Vea Panamá realizado en ocho provincias —con excepción de Bocas del Toro y Darién— por la empresa Prodigious Consulting y el diario La Estrella de Panamá, indica que en junio último las opiniones negativas subieron a 80,4 por ciento, de 33,2 por ciento en octubre del año pasado.

Es decir, ocho de cada 10 panameños tiene una opinión negativa de la actual Asamblea.

También a un año de gobierno del presidente José Raúl Mulino —a quien este martes corresponde rendir cuentas de su gestión ante el pleno y la nación— los panameños han perdido la confianza en su administración.

De acuerdo con los resultados de la pesquisa, siete de cada diez panameños no creen en el gobierno de Mulino.

El 73,6 p or ciento de la muestra afirma tener poca o ninguna confianza. En la medición hecha tras los primeros 100 días del mandatario, 26,4 por ciento confiaba en el actual jefe de Estado, ahora la cifra es de 7,8 por ciento.

El 81,5 por ciento de los encuestados considera que el actual gobierno no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

En julio de 2024, precisan las estadísticas, un panorama ampliamente optimista marcaba el sentir ciudadano: 66,6 por ciento se declaraba optimista o muy optimista, frente a apenas 2,7 por ciento que expresaba pesimismo.

Sin embargo, en junio de 2025, la situación da un giro radical: el 58,7 por ciento se declara pesimista o muy pesimista, y el optimismo cae en picada hasta el 15,8 por ciento.

Esta inversión en el ánimo colectivo refleja un quiebre profundo en las expectativas, y potencia la narrativa de desconexión entre promesas iniciales y realidades percibidas por la ciudadanía, a juicio de los analistas.

La estrategia de comunicación también se ha debilitado. La conferencia de prensa semanal del mandatario tiene una valoración mucho más negativa que al inicio de su Gobierno.

Para este martes, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una megamarcha y concentración popular que rodeará las instalaciones del parlamento para exigir la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, sancionada allí por 43 diputados de 71, pero eje de intensas protestas desde el pasado 23 de abril, incluida una huelga indefinida de docentes.

La víspera, la Policía Nacional, en medio de un férreo dispositivo de seguridad, se vio obligada a remover vallas metálicas colocadas en los alrededores de la Asamblea, a solicitud de su actual presidenta Dana Castañeda, quien afirmó en una carta que ni solicitó ni aprobó la colocación de esas estructuras.

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