La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con los votos de esa mayoría adversa a Espinoza, el informe que aprueba tramitar la denuncia constitucional presentada por legisladores que promueven la reposición de la extitular, Patricia Benavides.

La denuncia apunta a cesar a Espinoza y a tres fiscales supremos, cargo que ostentan rotativamente quienes, como Espinoza, integran la Junta de Fiscales Supremos, a los que la denuncia imputa los cargos de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado y de haber cometido por ello violaciones a la constitución.

Los fiscales, agrega, cometieron esos delitos al negarse a acatar en junio pasado una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponía en sus cargos a Benavides y a su hermana jueza, Emma, por haber la primera retirado a la fiscal que investigaba a la segunda por dar libertad a un narcotraficante internacional.

La JNJ contradijo así con argumentos procedimentales, la sanción impartida por anteriores integrantes de la junta y Benavides intentó instalarse en el despacho de Espinoza, lo cual le fue impedido.

Espinoza se negó a aceptar la notificación firmada solo por el titular de la JNJ, Gino Ríos, y añadió que debió recibir la resolución suscrita por los siete integrantes de la JNJ.

Uno de ellos no firmó, lo que incumple, según la fiscal vigente, la exigencia legal de que todos los miembros de la junta deben aprobar la nulidad de fallos aprobados por la misma entidad.

Los cuestionamientos a la reposición de Benavides se incrementaron al revelar la prensa que el miembro de la junta que no firmó el acuerdo, Francisco Távara, advirtió por escrito que no participaría en el debate del tema porque no era pertinente pronunciarse sobre el mismo.

A esos reparos, se agrega que la secretaria general de la JNJ, Giovanna Diaz, no partició en la sesión que acordó favorecer a Benavides, como exige el procedimiento, y denunció el hecho al renunciar al cargo.

Otro detalle descubierto por la prensa señala que la JNJ sostiene que no se grabó, como se acostumbra, el video de la sesión y el acta escrita solo tiene dos páginas, a pesar de que el debate de la decisión aprobada el 9 de junio duró dos horas y media.

oda/mrs