La acusación fue presentada para el recomienzo del proceso, iniciado en julio de 2024 e interrumpido por un fallo del polémico Tribunal Constitucional a favor del empresario y exminsitro del gobierno de Alberto Fujimori, José Climper, por una omisión procedimental, lo cual obligó al juzgado a volver a iniciar el juicio.

El proceso trata la recepción oculta de millonarios fondos de empresas extranjeras y locales enmascarados como fruto de actividades de recaudación de dinero para las campañas electorales de 2011 y 2016, las que Fujimori perdió en sendos balotajes ante el nacionalista Ollanta Humala y el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski.

La neoliberal Fujimori fracasó en ambas competencias y también en el balotaje de 2021, ante el maestro rural Pedro del Castillo, destituido por intentar la disolución del Parlamento adverso a su administración, en diciembre de 2022.

Los cargos que plantea el fiscal Pérez son los de lavado de activos agravado, conformación de una organización criminal y falsa declaración y falsificación.

La acusación se extiende al partido Fuerza Popular, de Fujimori, por sostener la fiscalía que se convirtió en organización criminal, y a la empresa Bienes Raíces S.A.C., como parte de la estructura que recibía y procesaba los fondos recibidos que la Fiscalía considera ilícitos.

También figuran como imputados por elementos del entorno partidario de Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, el empresario Chlimper, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. Deben ir al banquillo además el estadounidense Mark Vito Villanella, esposo de Fujimori hasta su reciente divorcio, así como sus colaboradores Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera y otros 19 acusados fueron sobreseídos.

El caso mantuvo en prisión preventiva a Keiko Fujimori entre octubre de 2018 hasta noviembre de 2019, cuando un fallo judicial dispuso su libertad.

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