Según el abogado Jorge Guzmán, quien presentó el recurso ante la Sala de lo Penal de la Asamblea Nacional ( parlamento), el ombudsman cometió omisiones graves en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales, inherentes a su cargo.

En ese sentido, el letrado demandó la destitución de Leblanc por incumplir de manera reiterada sus deberes en perjuicio de la ciudadanía en general, y particularmente de sectores sociales que, en ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de protesta, han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Guzmán precisó que entre los actos represivos ejecutados contra la población civil sobresalen persecuciones, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, empleo de armas de fuego contra civiles, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, lesiones y asesinatos.

Como resultado de estas acciones, se reportan al menos dos fallecimientos, incluyendo una bebé de 28 meses, así como decenas de heridos, torturados y detenidos en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa legal y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según el expediente presentado.

El letrado precisó que a pesar de la gravedad de los hechos, Leblanc omitió actuar de manera oportuna y eficaz en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le corresponden.

Su actuación se limitó a emitir comunicados ambiguos que, lejos de defender los derechos de la población afectada, contribuyeron a estigmatizar la protesta y minimizar la represión, señaló.

Tal conducta se apreció además durante la operación Omega que desplegó la Policía Nacional para desbloquear carretas y durante la vigencia del estado de urgencia declarado por 10 días en Bocas del Toro.

Las acciones de la fuerza pública incluyeron allanamientos masivos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, uso indiscriminado de gases lacrimógenos en comunidades enteras, tratos crueles, tortura física y psicológica, y la imposición de un estado de represión incompatible con los estándares constitucionales, señaló Guzmán.

El abogado y también coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales recordó que la obligación del Defensor de “velar” impone un deber positivo de acción.

No basta con la existencia formal de derechos: corresponde a la Defensoría impulsar activamente su respeto y protección. En consecuencia, la inacción ante violaciones evidentes o sistemáticas constituye una omisión grave del deber constitucional, remarcó.

Además recordó que por mal manejo de los fondos asignados y situaciones similares han sido destituidos otros defensores como Patricia Portugal, en 2013; y Alfredo Castillero, en 2019.

De otra parte citó que corresponde por ley a la Asamblea Nacional conocer y decidir sobre la destitución de autoridades de entidades autónomas, como la Defensoría del Pueblo, luego de solicitar la comparecencia del funcionario denunciado, así como los testigos y las víctimas de los hechos relatados.

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