Según el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez, los métodos que utiliza la ministra de Educación, Lucy Molinar, enviando funcionarios de esa cartera a las casas para notificar despidos a quienes participan en las manifestaciones es una acción arbitraria y afecta psicológicamente a las familias.

Se trata de un problema laboral, entre el ministerio y los maestros, no tiene que involucrar a nuestros familiares; y dicha notificación administrativa, según el procedimiento establecido, solo se realiza a través de los Directores de los centros, explicó.

Sánchez catalogó como cínica y perversa la manera de actuar de Molinar- nombrada a dedo, dijo- que no tiene ni los méritos ni la trayectoria para dirigir ese sector.

También recordó que en su anterior gestión al frente de esa cartera (2010-2014), Molinar fue investigada por varios cargos como la compra irregular de mochilas y comida deshidratada para las escuelas, y negociados con una empresa colombiana para la construcción de un plantel.

En esta administración, agregó, también intentó con recursos del Estado una compra millonaria de computadoras portátiles. De acuerdo con el líder gremial, Molinar no tiene la solvencia moral para enfrentar a los docentes en protesta que no cejarán en su lucha, ahora con más fuerza y ánimos.

La víspera, la ministra aseguró a las puertas este lunes del reinicio del curso lectivo que Panamá atraviesa momentos cruciales para el futuro de la educación y que su postura no responde a agendas ideológicas, sino a una sola misión: “devolver el sistema y ponerlo al servicio de la educación”.

En ese sentido, defendió la medida de abrir procesos administrativos contra docentes que, según indicó, se mantienen en actividades políticas en vez de reintegrarse a sus responsabilidades. Además se dirigió a los directores de centros, reiterando que el ministerio los respaldará para garantizar la continuidad de las clases, pero pidió apertura hacia aquellos maestros que deseen reincorporarse.

La funcionaria resaltó que la prioridad institucional debe ser el estudiante, aunque enfatizó en que este es el momento para “sentar un precedente”.

De otra parte reiteró que no contempla la firma de un finiquito de huelga, pues “esto no ha sido una huelga legal”, y que los temas en disputa no guardan relación directa con la política educativa nacional, según aseveró.

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