Esas mujeres están expuestas a la violencia y a la impunidad, al carecer de reconocimiento oficial y protección efectiva en el país, en el que no existen legislaciones penales que permitan sancionar a los agresores, destaca un informe difundido este lunes.

El documento recomienda al gobierno mexicano desarrollar protocolos de protección colectivas que se adapten a las condiciones de búsqueda, lo que incluiría esquemas para cubrir desplazamientos a zonas peligrosas, exhumaciones en fosas clandestinas y visitas a morgues u hospitales.

El CEDAWE afirmó que la labor de esas mujeres resulta vital para «el derecho a la verdad y la justicia», e insistió en que México requiere de una acción inmediata para protegerlas.

De acuerdo con el informe, esas mujeres recorren «campos, hospitales, fosas clandestinas o morgues; encaran amenazas, agresiones, desplazamiento forzado y asesinatos, además de ser víctimas de la desesperación y desgaste físico y emocional constante».

Entre 2010 y 2024, fueron asesinadas al menos 22 buscadoras de personas desaparecidas, lo que, a juicio de los expertos, evidencia un patrón de riesgo sistemático.

El CEDAW pidió que se investiguen de forma rápida y exhaustiva todas las denuncias de abusos contra estas mujeres e instó a México a fortalecer la coordinación transparente y efectiva entre autoridades federales y estatales, con protocolos homogéneos e integración de perspectiva de género.

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