Una resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería publicada por el diario oficial La Gaceta añade que esos ciudadanos asiáticos, africanos y europeos recibieron también una prórroga de seis meses para que puedan trabajar en territorio nacional.

El grupo de los 25 migrantes aún en el país, albergados desde su arribo en el denominado Centro de Atención para la Persona Migrante ubicado en la sureña localidad de Corredores, «no están acogidos a ningún programa, como el de retorno voluntario a sus países de origen o el de refugio”, precisa la resolución, que les otorga categoría humanitaria de estancia.

La primera parte de los 200 migrantes deportados por Washington llegaron a Costa Rica el 20 de febrero, la segunda lo hizo el 25 de ese mes, y a todos se les otorgó un ingreso excepcional para permanencia transitoria.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron durante los últimos meses violaciones de las autoridades contra esas personas.

Un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Servicio Jesuita para Migrantes y el American Friends Service Committee acusó al gobierno de mantener detenidos a esos ciudadanos, negarles protección internacional y exponerlos a riesgos graves de persecución.

Según esas entidades denunciantes, las autoridades costarricenses vulneraron, además, los derechos de esos migrantes a la salud, su integridad física y emocional y sus proyectos de vida, publicaron medios locales.

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