La situación también angustia a los ciudadanos en general, ya que esto representaría un incremento en su factura de consumo de luz en los hogares, además de los precios de la canasta básica, tal como han anticipado algunos economistas.

Contrario a su discurso de campaña y su postura en los seis meses que lleva en el cargo, la gobernadora Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), parece ahora dispuesta a dar paso a una revisión tarifaria sugerida por el consorcio privatizador LUMA Energy, de hasta 11 centavos de dólar por kilovatio hora en la factura eléctrica.

A esto se agregaría también un cargo de 1.88 centavos propuestos por la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para cubrir las pensiones de sus jubilados.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) estableció que el incremento en la tarifa eléctrica propuestos por LUMA Energy y la AEE, que igualmente beneficiaría a la privatizadora GeneraPR, “encarecerán el costo de hacer negocio” en esta isla del Caribe, con el consecuente efecto en los puestos de trabajo.

La presidenta de la CCPR, Margaret Ramírez Báez, reclamó que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda pública de la AEE deben cubrirse con fondos del gobierno, y no a través de la factura de la luz.

“Es indispensable tomar decisiones sin ahogar al comercio ni hacer insostenible la operación de las empresas locales”, subrayó Ramírez Báez.

La gobernadora isleña prometió en campaña que rescindiría el contrato de LUMA Energy, al tiempo que dijo que no permitiría un alza en la tarifa eléctrica, ha estado ausente del escenario público hace varios días, mas este martes su secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, defendió la propuesta de la AEE de un aumento tarifario para costear las pensiones.

“Creemos que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda acumulada deberían asumirse desde el presupuesto general del gobierno, para no continuar cargando al costo eléctrico un lastre que lo hace menos competitivo y encarece injustamente la vida y la producción en Puerto Rico”, estableció la presidenta de la Cámara de Comercio.

Ramírez Báez indicó que “la prioridad para nuestro país debe ser tener un sistema eléctrico que funcione de manera confiable y estable”, dados los apagones diarios en distintos pueblos que programa LUMA Energy, lo que en ocasiones atribuye a GeneraPR.

“La energía más cara es la que no está disponible, porque obliga a los comercios a cerrar o a invertir en sistemas de generación propios, algo que no es nuestro negocio principal ni el uso más eficiente de nuestros recursos”, agregó.

De paso, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) acaba de rechazar la renegociación del contrato con GeneraPR, que impulsaba el gobierno, y ordenó devolver los 40 millones de dólares retenidos a los consumidores a través de la denominada cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (FCA).

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