La titular de la Mujer, Mayra Jiménez, afirmó que, «las propuestas en discusión omiten avances fundamentales en materia de derechos humanos y afectan especialmente a las mujeres y niñas, principales víctimas de las distintas formas de violencia».

Recordó que dicha cartera tiene la responsabilidad de evaluar los marcos jurídicos existentes y proponer modificaciones orientadas a eliminar la discriminación contra las féminas y garantizar la igualdad en las reformas legales, incluida la actual reforma penal.

Sostuvo que las recomendaciones realizadas por el Ministerio a ambas cámaras legislativas están en correspondencia con su mandato legal y recordó que los derechos de las mujeres deben ser progresivos y sustentados en informaciones científicas y en las necesidades de ellas.

En este sentido, la institución instó a observar opiniones técnicas y especializadas, por encima de intereses particulares que procuran menoscabar los derechos humanos.

“Durante todos los años de debate, el Ministerio de la Mujer ha remitido al Congreso Nacional amplias recomendaciones para fortalecer el reconocimiento y la sanción de crímenes y delitos que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y niñas, con el objetivo de asegurar un marco normativo robusto y garante de derechos”, puntualizó Jiménez.

La institución manifestó preocupación por el hecho de que se mantenga la penalización absoluta del aborto, incluso en las tres circunstancias extremas en que la vida o la salud de la mujer están en riesgo, el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando el feto es inviable fuera del útero.

También reiteró la importancia de que la reforma penal establezca la imprescriptibilidad de la violación sexual, permitiendo que las víctimas puedan acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

Asimismo, consideró fundamental la tipificación adecuada de la violencia basada en género, incluyendo tipos penales como el feminicidio, el acoso, la violencia de género e intrafamiliar.

Puntualizó que, si estas modalidades no están claramente definidas en la ley, las víctimas enfrentan mayores dificultades para denunciar y obtener justicia, mientras que los agresores pueden eludir su responsabilidad penal.

La ministra Jiménez afirmó que para fortalecer la eficacia de las políticas de prevención, sanción y reparación, es indispensable conocer las realidades que enfrentan miles de dominicanas e impulsar espacios de consulta con otras instancias del Estado.

El Ministerio reiteró su disposición a seguir dialogando con los poderes del Estado y con la sociedad para construir una legislación penal moderna.

En ese sentido, llamó al Congreso Nacional a enmendar las propuestas anunciadas y garantizar un Código Penal justo y respetuoso de los derechos fundamentales de las mujeres, en línea con los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.

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