“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la ALP la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, afirmó en su cuenta de X.
Recordó Arce que, en 2021, el Gobierno nacional asumió con “gran responsabilidad” el desafío de la industrialización del litio boliviano, para ello convocó a las empresas más prestigiosas del mundo y recibió un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales.
“Fruto de este esfuerzo -rememoró-, entre 2023 y 2024, logramos firmar 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos de diversas nacionalidades”.
Comentó que estos convenios sentaron las bases para la firma de dos contratos “sumamente favorables para Bolivia” en 2024, garantizando la soberanía sobre este recurso natural estratégico y la participación mayoritaria del país en toda la cadena productiva y de comercialización.
Agregó que, como manda la ley, en 2024 presentaron esos acuerdos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, lo cual fue aplazado hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización.
De acuerdo con datos oficiales, en septiembre de 2024 Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para producir 14 mil toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, mediante la tecnología EDL (extracción directa de litio), con una inversión superior a los 970 millones de dólares.
Después, en noviembre de ese mismo año, YLB y la empresa china Hong Kong CBC suscribieron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10 mil y 25 mil toneladas anuales de capacidad con una inversión de mil 30 millones de dólares.
Sin embargo, ambos contratos permanecen en la ALP para su respectiva aprobación, pero en las sesiones para su tratamiento los legisladores afines al expresidente Evo Morales y los de la oposición tradicional los rechazan.
Ante esta realidad, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, opinó este jueves que el tratamiento de este asunto en la ALP está “totalmente politizado”.
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