La iniciativa introduce nuevos cálculos de los subsidios en el sector público y fortalece las competencias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para detectar incumplimientos del reposo por enfermedad.
El proyecto fue presentado ante el Parlamento tras las revelaciones de la Contraloría de que entre 2023 y 2024 más de 25 mil empleados públicos pidieron licencias médicas para viajar al exterior.
Esta semana la Superintendencia de Seguridad Social anunció la decisión de investigar también a más de 2,8 millones de trabajadores del sector privado con el fin de detectar posibles anomalías.
Uno de los propósitos de la nueva normativa es homologar los subsidios por incapacidad tanto en el sector público como en el privado.
También prevé crear una instancia para monitorizar licencias prolongadas de más de 180 días.
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