En esta ocasión, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) diligenció 53 órdenes de arresto de miembros de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC), un sector proletario de la capital puertorriqueña.
El operativo federal del jueves no se limitó a San Juan, sino que se extendió a los municipios de Carolina y Río Grande, luego de que un gran jurado emitiera acusaciones por narcotráfico y armas de fuego.
La directora de HSI en Puerto Rico, Rebecca González, comentó que las FARC, liderada por Alberto Valdez (Pelota), todavía fugitivo, es “muy violenta” y, aparte de operar en esta isla del Caribe, traficaba drogas a distintos lugares de Estados Unidos.
Añadió que tres de los acusados por una masacre en el sector capitalino de Quintana —Juan Rafael Concepción, Yanze Vázquez González y Anderson Melo—, fueron intervenidos por organismos dominicanos al tratar de entrar ilegalmente a esa vecina nación.
González aseguró que la pandilla es responsable de más de 50 asesinatos en el período que cubre las acusaciones, que parte del año 2019, cuando comenzó su distribución de heroína, crack, cocaína, marihuana, Fentanilo, Percocet y Xanax en las inmediaciones de los complejos residenciales Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador y Las Margaritas, en San Juan.
“Las acciones impunes de estos individuos no tenían límite, (al punto de que) tres de los acusados produjeron vídeos de música (urbana) en la que alardeaban de sus métodos de control territorial, cuyas líricas hablaban específicamente de amenazas, torturas y muertes para quienes retan la entrada a los puntos (de venta de drogas)”, subrayó la funcionaria.
Explicó que “sus canciones alusiones a matar, a borrar caras, a identificar cooperadores de las acusaciones”.
Los integrantes del grupo usaron escoltas armadas para protegerse “de la policía y de otros miembros de gangas rivales”, manifestó W. Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal de Estados Unidos en Puerto Rico, al tiempo que añadió que lavaron dinero de las ganancias de las ventas de narcóticos en la compra de artículos y propiedades legítimas.
Durante la investigación ocuparon 80 armas de fuego, además de distintos tipos de narcóticos.
La acusación incluye la eventual confiscación de más de tres millones de dólares que habrían generado durante el período de la conspiración.
Este pasado miércoles el Buró Federal de Investigaciones (FBI) diligenció 16 órdenes de arresto luego que un gran jurado federal acusara el pasado 2 de julio a los sospechosos de integrar otra ganga de narcos en el municipio de San Germán, suroeste del país.
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