Sin imponer nuevos gravámenes al pueblo, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras “logra recaudar 53 mil millones al cierre del primer semestre”, subrayó la directora de esa institución estatal, Mariana Ríos.
La cantidad cobrada a los contribuyentes representa un incremento de cuatro mil 310,3 millones de lempiras (165,7 millones de dólares), en comparación con el mismo periodo de 2024, es decir, un crecimiento nominal de 8,0 por ciento y real del 4,0 por ciento, detalló el SAR.
Con un aporte de 29 mil 221 millones de lempiras (cerca de mil 124 millones de dólares) en los seis primeros meses del actual ejercicio, el impuesto sobre la renta se posicionó como el principal generador de ingresos tributarios.
El tributo sobre ventas generó un acumulado de 18 mil 378 millones de lempiras (706,8 millones de dólares), lo que significó un aumento de mil 296,5 millones (49,8 millones de dólares) respecto a igual lapso del año anterior.
Según la fuente, el resto de las cargas mantuvieron un comportamiento estable, con una recaudación conjunta de cinco mil 561,4 millones de lempiras (213,8 millones de dólares).
Estos resultados fueron posibles gracias al repunte de la actividad económica, mayor rentabilidad de los sectores productivos, buen comportamiento de los contribuyentes y fortalecimiento de las acciones de control tributario implementadas por la administración, resaltó Ríos.
“El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro recauda más al servicio del pueblo hondureño”, acentuó la directora del SAR.
Advirtió, sin embargo, que persiste un sector evasor de sus obligaciones impositivas, motivo por el cual reiteró el llamado al Congreso Nacional (Parlamento) a aprobar “la Ley de Justicia Tributaria para fortalecer la equidad fiscal: quien más gana que pague más”, enfatizó.
La funcionaria denunció recientemente que un selecto grupo de grandes empresas de la nación centroamericana evade impuestos y se beneficia de regímenes fiscales especiales.
Ríos respondió a las críticas del sector privado y a los partidos de la oposición, que bloquean en el Congreso la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria impulsada por el ejecutivo progresista de Castro. jcm/edu
