En rueda de prensa este lunes, la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, señaló que es una medida necesaria para luchar de forma frontal contra un problema que afecta a niñas, niños y adolescentes.
Estamos a la espera de un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional para que luego la Asamblea Nacional (Parlamento) gestione la normativa, declaró la vocera.
En caso de que la iniciativa -anunciada el pasado viernes por el presidente, Daniel Noboa,- supere esas dos instancias, deberá realizarse un referendo.
Según Jaramillo, esa pregunta podría sumarse a la consulta popular que se planifica para fines de este año, cuando la ciduadanía deberá pronunciarse sobre la iniciativa del presidente, Daniel Noboa, de permitir la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina penas de 19 a 22 años de privación de libertad para delitos sexuales.
El abogado constitucionalista Luis Ávila, vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces, comentó en entrevista con la emisora local Radio Pichincha que esa propuesta de castración química llega en momentos en que aparentemente comienza a bajar la popularidad del gobierno.
Para Ávila, es “una nueva bomba publicitaria y propagandística para distraer la opinión pública con un tema tan delicado como los delitos de abusos sexuales.
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