En esta pesquisa las autoridades investigan la presunta manipulación de un proceso judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, y de esa forma buscar el control del Órgano Judicial.
Detonó este escándalo el 14 de junio último con la renuncia del entonces ministro de Justicia César Siles, y 24 horas después el medio Brújula Digital publicó una grabación en la cual el extitular instaba a un juez a firmar un veredicto prevaricador que suspendía a Coaquira y ordenaba colocar en ese cargo a su suplente, Iván Campero.
Según se informó, durante el periodo de reserva, dos vocales prestaron declaración en calidad de testigos, al ser mencionados por los siete investigados que actualmente enfrentan medidas cautelares, mientras que un octavo implicado sigue prófugo y cuenta con mandamiento de aprehensión.
Uno de los principales sindicados es el juez del municipio paceño de Coroico Fernando Lea Plaza.
Tórrez también adelantó que ya se emitieron citaciones para que los vocales Samuel Mita y Edwin Alejandro Altamirano declaren en calidad de testigos, como parte de la ampliación de la indagación.
Consorcio genera preocupación en las esferas judicial y política por tratarse de un entramado que, según la Fiscalía, buscaba intervenir deliberadamente en decisiones jurisdiccionales para alterar el funcionamiento del Órgano Judicial.
Elegida el 15 de diciembre último por el voto popular, la magistrada Coaquira se constituyó como víctima en la causa, junto al Consejo de la Magistratura y la Unidad de Transparencia del TSJ.
Hasta el momento, los investigados son el exministro Siles, hospitalizado tras ser sentenciado a detención preventiva; Iván Córdoba, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, con detención domiciliaria tras pagar una fianza.
Aprehendido preventivamente en su domicilio también permanece el magistrado suplente del TSJ Campero, al igual que Sergio S., jefe de Plataforma del juzgado de Coroico, y el abogado José Ramiro Uriarte, quien tiene autorización laboral.
La exvocal del TDJ Claudia Castro está detenida preventivamente en la cárcel paceña de Obrajes, mientras que Marcelo Lea Plaza también está sometido a prisión preventiva.
Antonio Amelunge Lafuente, quien presentó la acción contra Coaquira, es el único prófugo hasta el momento sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura.
En la grabación filtrada se escucha al exministro Siles coordinar con el juez Lea Plaza la destitución de Coaquira, mientras afirma que existe el respaldado de “altas esferas”.
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