El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, pidió al Ministerio explicar los estudios, impactos y base legal que sustentan la decisión de permitir el registro y comercialización de ese tipo de productos.

Molina advirtió que los artículos 15 y 401 de la Constitución prohíben la siembra y uso de semillas transgénicas con fines comerciales, por lo que permitir variedades manipuladas violaría la Carta Magna.

El colectivo Acción Ecológica explicó en sus redes sociales que las diferencias entre los métodos tradicionales de transgénesis y la llamada “edición génica” son mínimas, ya que ambos alteran el ADN de las plantas.

Aunque digan que no es transgénico, su ADN fue alterado y debería estar sujeto a las mismas restricciones constitucionales, afirmo la organización.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los grupos ambientalistas están el aumento en el uso de herbicidas, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y fuentes de agua, así como potenciales efectos en la salud humana, como enfermedades crónicas no transmisibles.

El colectivo Ecuador Libre de Transgénicos señaló que la medida amenaza la soberanía alimentaria del país e hizo un llamado a las autoridades y la ciudadanía para defender la agricultura tradicional.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las advertencias sobre el impacto de la medida.

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