La decisión judicial fundamenta que el militar mantiene «grave riesgo para la investigación» del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia, donde miles de adeptos radicales de Bolsonaro asaltaron y saquearon las sedes de los Tres Poderes.
El magistrado destacó en su fallo los «indicios robustos» de que Braga Netto coordinó financiamiento logístico para los campamentos golpistas previos al ataque, además de presionar a mandos castrenses para justificar una intervención militar tras la derrota electoral del político ultraderechista en 2022.
La Fiscalía General presentó pruebas de que el general integraba el llamado núcleo duro que planificó la ocupación violenta de edificios públicos, incluyendo mensajes en el que discutía acciones para «deslegitimar el resultado de las urnas».
Esta es la cuarta solicitud de libertad denegada al exministro, detenido desde diciembre de 2024 en una unidad militar de Río de Janeiro.
De Moraes subrayó que su excarcelación podría «comprometer la recolección de pruebas esenciales», especialmente tras identificarse intentos recientes de intimidación a testigos.
Braga Netto enfrenta cargos de asociación criminal armada, atentado contra el Estado Democrático de Derecho y destrucción de patrimonio público, con penas que podrían superar los 30 años de cárcel.
Según investigaciones, el general movilizó recursos del Ministerio de Defensa para transportar manifestantes a Brasilia días antes de los ataques, utilizando una red de empresarios simpatizantes.
Actualmente, el detenido cumple régimen especial en el Batallón de Guardias Presidenciales, con acceso a televisión y dos horas diarias de solitario en patio vigilado.
Esta condición, aprobada por el STF en marzo, busca evitar conflictos jerárquicos sin vulnerar la igualdad procesal.
La defensa argumenta «persecución política», pero la corte sostiene que el tratamiento responde a normas castrenses.
En paralelo, avanzan los procesos contra otros 120 implicados, incluidos excomandantes del Ejército. El caso de Braga Netto es emblemático por su cercanía con Bolsonaro, quien enfrenta un proceso separado por la misma trama.
La medida coincide con el inicio de la fase probatoria del proceso del 8 de enero, previsto para concluir antes de noviembre.
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