Los manifestantes rechazaron la versión del Código Penal actualmente en estudio en el Senado, por considerar que protege a corruptos y agresores y excluye derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niños y adolescentes.
Durante la jornada, realizada en un ambiente pacífico, voceras de la coalición expresaron que “lo que se nos prometió como una reforma moderna y justa, adaptada a los tiempos que vivimos, resultó ser un documento que, lejos de avanzar, perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad».
Denunciaron que el proyecto actual criminaliza el derecho a la protesta social, permite que prescriban delitos de corrupción contra el Estado, exime de responsabilidad jurídica a partidos políticos y alcaldías, y otorga inmunidad penal a representantes de iglesias.
Además, niega a las mujeres y niñas el derecho a decidir sobre su salud y su vida, al excluir las tres causales para la interrupción del embarazo, entre otros aspectos.
Las organizaciones recordaron que el actual Código Penal, vigente desde 1884, penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, condenando tanto a las mujeres como al personal médico que lo practique, incluso en situaciones extremas como violación, riesgo para la vida o malformaciones del feto incompatibles con la vida.
Consideraron, además, que esta reforma representa una traición a las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, quien aseguró en 2020 que impulsaría una legislación que garantizara los derechos de las mujeres y la inclusión de las tres causales.
“A casi seis años de gobierno, no sólo no ha cumplido su promesa, sino que respalda una propuesta peligrosa”, afirmaron.
La coalición convocante instó al Congreso Nacional y al presidente de la República a escuchar las demandas legítimas de la sociedad civil y a que se introduzcan las modificaciones necesarias para que el nuevo Código responda a los estándares del siglo XXI.
Recordaron que estas demandas han sido expresadas de forma sistemática, especialmente durante las vistas públicas realizadas en la legislatura anterior.
Advirtieron que «… el pueblo seguirá hablando hasta lograr un Código Penal justo, coherente con los derechos humanos y alineado con los desafíos actuales de nuestra sociedad».
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