El presidente del comité, juez Jumaa Al-Enzi, informó que la investigación se desarrolló en las gobernaciones de Latakia, Tartus y Hama, y abarcó tanto los sucesos ocurridos durante ese mes como los posteriores. Según explicó, el objetivo fue identificar las causas, documentar las violaciones cometidas contra la población civil e instituciones del Estado, y determinar a los responsables.

De acuerdo con el magistrado, el equipo investigador visitó 33 localidades y recabó 938 testimonios presenciales, de los cuales 452 se relacionan con asesinatos, y 486 con delitos como robos a mano armada, incendios, saqueos y torturas.

Al-Enzi destacó que las labores se realizaron en presencia de autoridades locales, representantes religiosos y familiares de víctimas, y contaron además con consultas técnicas con entidades internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Enviado Especial para Siria, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El comité, afirmó, actuó conforme a su mandato legal, guiado por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y confidencialidad, garantizando un proceso profesional y transparente.

Según reveló el informe, el 6 de marzo, exmilitares del antiguo ejército sirio perpetraron ataques de gran escala contra cuarteles, puestos de control y patrullas del ejército y de las fuerzas de seguridad, utilizando armamento pesado y bloqueando arterias viales principales. En esos hechos murieron 238 efectivos.

Como respuesta, más de 200 mil efectivos —entre fuerzas gubernamentales y grupos armados aliados— fueron desplegados en la zona para contener los disturbios. El comité logró verificar la identidad de mil 426 personas fallecidas, incluidas 90 mujeres.

Asimismo, a solicitud del Ministerio de Defensa, identificó a 298 individuos sospechosos de haber participado en los crímenes, con base en material fotográfico y audiovisual.

En la fase final de la presentación, el portavoz del comité leyó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes. Entre ellas, destaca la necesidad de Adoptar medidas legales contra las personas y grupos señalados por su participación en los actos violentos.

También, se recomendó acelerar la aplicación del plan del Ministerio de Defensa para el control de armas, e integrar eficazmente a las facciones armadas dentro del marco institucional y hacer cumplir el Código de Conducta de las Fuerzas Armadas.

Entre las recomendaciones figura también reforzar la gobernanza institucional en el ámbito de la seguridad, la policía y el ejército, dotándolos de tecnología moderna y recursos adecuados, así como promover el respeto de los derechos humanos y la protección del personal del Estado mediante estándares y mecanismos claros.

El comité recomendó, además, la creación de una comisión nacional independiente de derechos humanos, así como la inclusión de programas de paz civil y diálogo nacional en las estrategias estatales, no solo en la región costera, sino en todo el país.

También propuso adoptar reformas legislativas, ejecutivas y educativas para prevenir la incitación a la violencia, el odio sectario y la sedición, así como establecer mecanismos de monitoreo en medios de comunicación y redes sociales, con el fin de fortalecer la cohesión social y la estabilidad nacional.

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