En entrevista con la emisora local Radio Sucesos, el funcionario reiteró los problemas en los convenios firmados por empresas públicas ecuatorianas durante la emergencia energética de 2024 y que aún no se han concretado.

De acuerdo con Torres, no solo están involucrados mandos medios de las instituciones públicas, sino de hasta nivel jerárquico superior.

La semana pasada el contralor se refirió a los perjuicios para el Estado luego de los incumplimientos de Progen y también de la compañía Austral Technical Management.

Progen recibió más de 80 millones de dólares en anticipos por obras para aumentar la generación eléctrica que debían estar operativas a inicios de 2025, pero hasta la fecha no han sido entregadas.

Esa firma incumplió plazos, entregó motores sin certificación y omitió información técnica clave, lo que ha obligado al Gobierno a dar por terminados los contratos y a denunciar a esa entidad por una posible estafa.

En ese caso se calculan pérdidas económicas por alrededor de 100 millones de dólares.

En tanto, la Contraloría comprobó, por ejemplo, que los equipos adquiridos a Austral no eran nuevos, sino que eran del año 2016 y ya fueron usados.

Además, constató la incompatibilidad de los equipos con el sistema nacional en el caso de 30 de 48 motogeneradores de electricidad.

La víspera, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (oposición) solicitaron un cambio en el orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), para tratar la necesidad de investigar lo ocurrido con los contratos con esas dos entidades.

Sin embargo, el bloque oficialista lo impidió y “dio la espalda a la fiscalización de uno de los peores atracos al Ecuador”.

Ecuador está a las puertas de un nuevo estiaje y aunque el Gobierno asegura que no habrá apagones, expertos advierten sobre la necesidad de conseguir mil 200 megawatts (MW) para evitar racionamientos como los del año pasado.

Actualmente, el consumo eléctrico promedio de esta nación sudamericana alcanza alrededor de cuatro mil 500 MW, la mayor parte provienen de la generación hídrica.

Especialistas estiman que durante la sequía, la producción de electricidad de esa fuente disminuirá al menos a la mitad y es necesario compensar con la generación térmica, que tiene una capacidad instalada de mil 300 MW, y el faltante debería provenir de los contratos fallidos o con retrasos.

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