Esas entidades afirmaron en un comunicado que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), con mayoría en el Congreso, ignoró las demandas ciudadanas.

Manifestaron que el Código, lejos de proteger a la gente y perseguir a los delincuentes, es un instrumento para “blindar a los corruptos y políticos, silenciar a la ciudadanía y negar justicia a mujeres, niñas y víctimas de violencia”.

Coalición Podemos, Red Urbana Popular, Coordinadora Nacional Popular y el Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otras organizaciones, afirmaron que la decisión final la tendrá el presidente Luis Abinader cuando el documento llegue a sus manos y deba elegir qué legado va a dejar al país.

Reiteraron que el proyecto excluye de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos y partidos políticos, y prescribe los delitos de corrupción a 20 años, en tanto criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”.

Asimismo, denunciaron que permite requisas sin orden judicial ni causa probable, dando a los militares y policías el poder de intervenir vehículos y pertenencias sin supervisión.

Al mismo tiempo, limita la tipificación del feminicidio solo a casos con violencia sexual o exposición del cuerpo de la víctima, y reduce las penas por violencia de género, incluso cuando hay amenazas de muerte o presencia de menores.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Coalición por la Seguridad Social Digna, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Asociación de Trabajadoras del Hogar.

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