La funcionaria explicó en entrevista con la emisora Radio Centro, que el Gobierno coordina con el Ministerio de Energía y Minas una inversión tecnológica que permita incrementar la producción en los próximos meses y así compensar las pérdidas.
“Tan pronto como empiece a operar con normalidad nuestro sector petrolero, podamos tener un incremento que balancee lo que hemos perdido”, manifestó Moya.
La víspera, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, manifestó que la reactivación de la producción petrolera en Ecuador dependerá de la situación climática.
La vocera informó que la fecha estimada para la reactivación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) es el 23 de julio, mientras que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) debería volver a operar el 26 de julio.
El Ejecutivo anunció que el 17 de julio se reanudaría el traslado de crudo por el SOTE, sin embargo, no ocurrió y Jaramillo declaró que el tema climático obliga a actualizar los cronogramas.
Aclaró que no están apagados todos los pozos de extracción de crudo y en cuanto al arranque de la Refinería de Esmeraldas, la mayor del país paralizada hace alrededor de un mes, indicó que depende de la reactivación de los oleoductos.
Desde el 1 de julio el SOTE está fuera de servicio debido a las fuertes lluvias en la provincia amazónica de Napo que pusieron en riesgo las tuberías como consecuencia de la erosión del río Coca y su reparación, según Jaramillo, ascenderá a dos millones de dólares.
Ese hecho, unido a la también suspensión del bombeo por el OCP, obligó a apagar pozos, lo cual provocó una caída de la producción nacional de hidrocarburos, que pasó de 464 mil barriles por día a apenas 34 mil.
Las obras para instalar variantes provisionales en los ductos avanzan lentamente, con dificultades técnicas y geográficas, según informaron medios locales.
El Frente de Defensa Petrolero responsabilizó al Gobierno por un “colapso sin precedentes”, atribuible a la falta de previsión, a la mala gestión de Petroecuador y a la inestabilidad administrativa.
La erosión regresiva del río Coca, activa desde el colapso de la cascada San Rafael en 2020, ha destruido infraestructura crítica, incluidas carreteras, oleoductos, e incluso amenaza a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
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