En una audiencia este miércoles, expusieron sus testimonios madres, padres, tías, hermanos y otros parientes de los desaparecidos de forma forzada y en operativos militares ocurridos en el contexto de los estados de excepción y conflicto armado interno decretados en el país.

De acuerdo con el Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ese tipo de medidas, aplicadas para frenar la violencia y el crimen organizado, han derivado en presuntos abusos militares, como el caso de los cuatro niños detenidos y luego asesinados en Guayaquil en diciembre de 2024.

El abogado Fernando Bastias, miembro del CDH, indicó que del total de casos registrados hasta ahora, 17 ocurrieron en la provincia de Los Ríos, 10 en Guayas y seis en Esmeraldas, y siete del total eran menores de edad.

Añadió que la Fiscalía registra algunos casos como secuestros o desapariciones involuntarias, “aún cuando hay indicios de participación de las Fuerzas Armadas”.

Los testimonios de los familiares, expuestos vía online, fueron desgarradores.

“Desde el momento en que los militares se lo llevaron, emprendimos una búsqueda incansable por todo el país, con recursos propios, y hasta el momento el Estado ecuatoriano no da respuesta”, declaró Diana Roca, tía de Dave Robin Loor, joven de 20 años desaparecido el 26 de agosto de 2024.

Entre las demandas de los familiares a la CIDH están que se exija al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones, incluyendo la búsqueda de personas desaparecidas, y que investiguen los casos de forma inmediata, con independencia y parcialidad.

Además, pidieron que el Estado adopte una política integral para combatir las desapariciones forzadas, incluyendo la prevención.

Por su parte, el capitán de fragata Jorge Abarca, director jurídico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró ante la Comisión que existen mecanismos de supervisión de las operaciones militares para el cumplimiento de los derechos humanos.

En la audiencia, el oficial de Derechos Humanos de la ONU, Roberto Desogus, reconoció que el Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa un embate contra el crimen organizado, pero expresó preocupación por los casos de violaciones de derechos y desapariciones forzadas a cargo de militares.

También lamentó que el Ejecutivo haya recurrido al papel excepcional de las Fuerzas Armadas para funciones de seguridad pública sin tener capacidad para esos roles.

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