Durante sus vacaciones en Portugal, el congresista presentó una solicitud de impeachment (cesantía) contra el magistrado en el Senado Federal.

El juez es responsable del proceso judicial en curso en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el ex primer mandatario Bolsonaro.

Según el descendiente del político ultraderechista, la solicitud no se basa únicamente en «diferencias interpretativas sobre la aplicación de medidas cautelares o posibles desacuerdos con decisiones judiciales».

Lo que está en juego, alegó, «es la integridad del sistema judicial brasileño, ante una actuación violatoria de los límites constitucionales de la jurisdicción y subvierte los pilares de la imparcialidad, la legalidad y la separación de poderes».

Argumenta que la decisión de De Moraes, quien impuso medidas cautelares contra su padre, como el uso de una tobillera electrónica, excede el ámbito de la jurisdicción penal.

«Se trata de una decisión política claramente partidista que desafía el fondo de la acusación sin el debido proceso, atribuye la criminalidad a manifestaciones políticas y diplomáticas legítimas e impone medidas cautelares extremadamente graves en un claro contexto de persecución ideológica», apuntó.

Para el senador, el ministro abandonó su posición constitucional de «juez imparcial» para asumir un «protagonismo político».

En el fallo de la semana pasada sobre Bolsonaro, el magistrado prohibió al expresidente mantener contacto con personas investigadas en la causa por intento de obstrucción a la justicia, como uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, y los acusados en el caso del intento de golpe de Estado.

Además, prohibió al político ultraderechista utilizar las redes sociales y conceder entrevistas transcritas o transmitidas.

Todo esto forma parte de la indagación iniciada tras el anuncio de Estados Unidos de imponer un arancel del 50 por ciento sobre los productos brasileños exportados a ese país.

En la carta de anuncio, Estados Unidos cita las acusaciones que Bolsonaro enfrenta en los tribunales como una de las razones de la subida de las tarifas.

Tal conducta, sin precedentes en la historia reciente del STF, compromete no solo los derechos y garantías fundamentales del expresidente Jair Bolsonaro y el legislador Eduardo Bolsonaro, sino que también «deslegitima la función judicial del tribunal y contamina los propios procesos penales con irremediables fallas de parcialidad», subrayó el senador. /

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