Al inicio de la audiencia de culminación de uno de los mayores casos de corrupción procesados, el fiscal, José Pérez, informó que, según informe de las autoridades migratorias, Cuba salió del país el 20 de julio, cuando cruzó la frontera con Ecuador.

Tras la audiencia, Pérez dijo que el exfuncionario pudo fugar gracias a una reciente ley aprobada por la mayoría conservadora del Parlamento, que prohibió a los jueces prorrogar el plazo de prisión peventiva a los juzgados por delitos como los de corrupción.

El fiscal había pedido 35 años de cárcel para Cuba, por los delitos de cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos y organización criminal, peron el tribunal solo lo condenó, a él y a otros coacusados, por los dos primeros cargos.

Por ello, la corte lo sentenció a 21 años y 8 meses de prisión pena que aplicó también a los exfuncionarios Mariella Huerta y Edwin Luyo, mientras impuso 16 años para Santiago Chau y Miguel Navarro y 13 para Víctor Muñoz (L).

El condenado recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para el contrato de construcción de las líneas uno y dos del Metro de Lima, bajo el gobierno neoliberal de Alan García (2022-2016), quien no fue juzgado, y desde su primer gobierno (1980-1985) fue objeto de denuncias por corrupción que no prosperaron.

García se suicidó en abril de 2019, cuando estaba a punto de ser capturado por un dictamen de prisión preventiva, tras una pesquisa inicial a cargo del mismo fiscal que hoy logró la condena del ex viceministro Cuba.

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