De acuerdo con la nota diplomática, al no encontrarse ya en territorio del país andino amazónico, Méndez no goza de las protecciones y garantías internacionales que se le otorgaban.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (Suntracs) había solicitado asilo político a Bolivia debido a amenazas a su vida, como parte de la persecución policial que desata el Gobierno de José Raúl Mulino contra lideres de las protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, según ese colectivo.

El Ejecutivo a través de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, emprendió contra la organización y además demandó su disolución, supuestamente por apartarse de los objetivos por los que fue creada.

También iniciaron procesos penales contra la dirigencia sindical por presuntos delitos financieros y administrativos.

La embajada boliviana no precisó el destino del líder gremial tras su salida de ese territorio y según fuentes oficiales, citadas por varios medios de comunicación como los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá y el canal de noticias TVN, el Ejecutivo emitirá una solicitud de alerta roja a la Interpol para la aprehensión de Méndez.

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