En esta ocasión el foco apunta a José María Angel, excomisionado para la DANA y expresidente de los socialistas en Valencia, quien dimitió tras el informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirma que utilizó un título «presumiblemente falso» para promocionarse como funcionario de la Diputación.

El conservador Partido Popular (PP) arremetió contra Angel, a quien pidió devuelva el dinero cobrado de sus salarios, y volvió a desbarrar del Gobierno de Pedro Sánchez y de su organización del PSOE.

Una gota más en la desbordada copa, con un intercambio de acusaciones entre oposición y Gobierno que pasan por varios temas, ahora en pausa por las vacaciones veraniegas.

El receso oficial llega desde este viernes, ya con el Congreso de Diputados sin actividad y el último pasaje oficial de la semana, con la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI en Mallorca.

Una comparecencia-rueda de prensa el pasado lunes y el Consejo de Ministros de la víspera, dejó en claro que Sánchez no tiene la más mínima intención de convocar elecciones anticipadas, ni remodelar el Gobierno, y mucho menos, renunciar.

Igual, sigue bajo presión por la trama de corrupción que involucra a dos ex pesos pesados de los socialistas del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Abalos, y en las últimas horas, por la posibilidad de que el Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortíz, vaya a juicio por presuntamente difundir a los medios información privilegiada.

Si bien el PSOE promovió a García Ortíz como Fiscal General, no tiene potestad ni tampoco el Gobierno para destituirlo, Sin embargo, a río revuelto, ya se sabe.

El PP sigue lanzado en su ofensiva para la conquista del Palacio de la Moncloa, insiste en que el Ejecutivo debe obligar a renunciar al Fiscal, en una polvareda que tiene adeptos en la opinión pública.

Entre bambalinas, hay otro frente abierto y este, contra el prestigio del PP. Una causa judicial contra Cristóbal Montoro, del Gobierno de Mariano Rajoy, con amplias derivadas de malas prácticas.

Pese a que el propio Montoro afirmó que no había prueba alguna en su contra, dejó de ser militante del PP y está imputado junto con su equipo por supuestamente crear una ‘red de influencias’ que habría adelantado cambios legislativos para favorecer a fabricantes de gases industriales.

En contraprestación, presuntamente se hicieron ‘importantes pagos’ a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que Montoro fue socio fundador y presidente.

También siguió abierta la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura de los populares y crítica acérrima de Sánchez.

Además, la renuncia voluntaria, pero también obligada de Noelia Núñez, diputada del PP, por falsear su hoja de vida con títulos universitarios que no posee.

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