Las normas en cuestión son la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad, la Ley de Áreas Protegidas, que han generado controversia por sus implicaciones en derechos laborales, libertades civiles y otras cuestiones.

Las críticas hacia el tribunal se intensificaron en las últimas horas, tras rumores no confirmados de que los jueces podrían suspender por violaciones constitucionales esas tres normativas, procesadas en el Legislativo con carácter económico urgente.

Comunicadores y actores políticos han salido públicamente a presionar a la Corte, acusándola de ser “correísta”, “boicoteadora” o contraria al país.

En respuesta, juristas y representantes de organizaciones sociales han defendido la autonomía del organismo, advirtiendo sobre una campaña de desprestigio para socavar su independencia.

La abogada constitucionalista María Dolores Miño denunció una “intención clara de forzar el rechazo ciudadano” contra la Corte para allanar el camino a decisiones del Ejecutivo que podrían vulnerar derechos fundamentales.

Durante una manifestación este jueves frente a la sede de la Corte en Quito, Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reafirmó la necesidad de independencia del tribunal.

“Señores de la Corte, nosotros no los presionamos como lo hacen los políticos. Allá hay chantaje, allá hay gente del maletín. Acá defendemos nuestros derechos en base a la Constitución”, expresó el dirigente.

En el mismo acto, organizaciones sindicales presentaron una nueva demanda contra la Ley de Integridad Pública, que según denuncian, facilita despidos masivos bajo el argumento de evaluaciones laborales.

Desde que entró en vigor, el Gobierno ha desvinculado a más de cinco mil empleados públicos, con la posibilidad de llegar a 75 mil, según advierten abogados como Damián Armijos.

Las leyes cuestionadas abarcan diversas esferas, como por ejemplo, la Ley de Solidaridad, que permite allanamientos sin orden judicial, lo cual, según grupos de derechos humanos, representa una grave amenaza a las garantías constitucionales.

Por su parte, comunidades indígenas y ambientalistas rechazan la Ley de Áreas Protegidas porque, según denuncias, posibilitará una posible privatización de territorios protegidos.

Finalmente, la Ley de Integridad Pública, que es la más señalada de todas, es cuestionada debido a que sirve como herramienta de “regresión de derechos”, usada para justificar despidos sin garantías de debido proceso, argumentan los sindicatos.

Por el momento, la Corte no ha emitido ninguna resolución y, mientras, el país permanece a la expectativa de lo que decidan los jueces constitucionales.

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