Ante periodistas, Haddad indicó que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva no debe usar la llamada Ley de Reciprocidad Económica, que permite al país responder a los gravámenes impuestos por agentes extranjeros.

«No hubo retractación de la decisión porque no se ha tomado ninguna. Nunca usamos el verbo [tomar represalias] para describir las acciones que tomará la economía brasileña. Son acciones para proteger la soberanía, proteger nuestra industria, nuestra agroindustria», refirió.

Insistió en son «medidas para reaccionar ante una acción injustificable y proteger la economía y la soberanía brasileñas. Esta palabra no apareció en los discursos del presidente ni de ningún ministro», precisó.

En un comunicado tras el anuncio inicial de la cuantía del 50 por ciento, Lula incluso afirmó que las medidas del Gobierno estadounidense podrían responderse «a la luz de la ley brasileña de reciprocidad económica», aprobada este año por el Congreso Nacional.

La legislación autoriza al país imponer tarifas más altas a las importaciones procedentes de Estados Unidos u otros bloques comerciales si las exigencias comerciales socavan la soberanía nacional.

También se podría suspender las concesiones comerciales y de inversión.

En las últimas semanas, el Gobierno debatió la posibilidad de reglamentar la ley, en caso de que se considerara necesario aplicarla contra Washington, pero las conversaciones se enfriaron.

La prioridad, por el momento, es negociar con las autoridades estadounidenses para, al menos, reducir el número de sectores afectados por la subida arancelaria, además de la tasa impuesta.

En los próximos días, se espera que el Gobierno además presente programas de asistencia a los sectores afectados.

«Las medidas son más o menos conocidas. Lo que estamos haciendo es calibrar las cifras junto con los sindicatos de trabajadores, los sindicatos de empleadores y la Jefatura de Gabinete», señaló el ministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 9 de julio el alza de tributos a las mercancías brasileñas, que entrarían en vigor el 6 de agosto, condicionando la situación jurídica del exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de golpista, la cual calificó de «cacería de brujas».

Al respecto, el Ejecutivo indicó en nota que «uno de los pilares de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático. La justicia no se negocia», remarcó.

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