Eso ha significado “un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”, advierte el más reciente análisis del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

Tal pérdida de empleos en el ámbito estatal –precisa- representa una caída del 15,9 por ciento en la planta de personal del Sector Público Nacional.

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados, señala CEPA.

Proporcionalmente, el ajuste implementado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, “golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo” precisa el estudio.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con cuatro mil 916 despidos.

Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con dos mil 801 cesantías, y Banco Nación, con mil 831 despidos, mientras que Aerolíneas Argentinas registra mil 768 desvinculaciones.

En términos proporcionales, el recorte más drástico lo sufrió la desintegrada agencia de noticias Télam, donde se despidió a cerca del 80 de sus profesionales.

A continuación se ubica Enarsa Patagonia (-66,7%), y luego los casos de Educar S.A. (-52,5%) y Contenidos Públicos S.E. (-42,7%), que también presentan reducciones especialmente significativas, relaciona CEPA.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más llamativo en términos absolutos es el de ARCA, con tres mil 52 puestos de trabajo eliminados.

Después aparecen la lista la Agencia Nacional de Seguridad Social, con mil 457 despidos, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con una reducción de mil 91 trabajadores.

En este sector, en términos proporcionales, el recorte más severo lo sufrió el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63 por ciento de su planta de personal.

A continuación figura la Junta de Seguridad en el Transporte (-45%) y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-41%).

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