Ante el recorte estatal, la persecución y el retroceso de derechos respondemos desde la organización, indica el llamamiento divulgado en redes sociales.

Diversos movimientos populares exigen al Ejecutivo derogar la decisión de fusionar misterios y reducirlos de 20 a 14 y frenar el despido de funcionarios públicos luego de la desvinculación de cinco mil servidores supuestamente basados en parámetros de eficiencia.

Organizaciones feministas, ambientales, indígenas, artistas, trabajadores y diversos sectores sociales salieron a las calles en los últimos días contra esas medidas y también contra un paquete de reformas legales, entre ellas la Ley de Integridad Pública o la recién enviada al Parlamento Ley de Fundaciones.

Esa última propuesta de ley económica urgente busca, según Noboa, controlar los flujos financieros de organizaciones no gubernamentales y evitar que se usen esas instituciones para ingresar dinero y «desestabilizar el país, sin ningún tipo de control».

«Este gobierno está cumpliendo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) (…) La ciudadanía está viendo cómo se desmonta el sistema público que costó años construir», denunció Alejandra Santillana, del colectivo Yasunidos.

Por el respeto a los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales, este jueves 7 de agosto habrá una nueva movilización en la capital ecuatoriana, específicamente ante la Corte Constitucional.

Ese organismo está en la mira de la ciudadanía, que permanece a la espera de un fallo luego de más de 30 demandas contra las leyes impulsadas por el Gobierno.

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