El ente aprobado por el parlamento, que también, convocó al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, pedirá a ambos que expliquen la acusación penal de la Fiscalía por el presunto delito de concusión, asociado a una suma invertida en una campaña digital para la Casa Presidencial, añadió el diario CR Hoy.com.

La Comisión, que acordó la moción de audiencia con los votos a favor de sus tres miembros, deberá decidir si procede o no el levantamiento del fuero constitucional al presidente Chaves y al ministro de Cultura.

Esta no es la primera ocasión en que el Congreso cita en audiencia al mandatario, pues otras dos comisiones, una sobre Presuntas Irregularidades de la Caja Costarricense del Seguro Social, y otra sobre Ingreso y Gasto Público, presentaron similares mociones para llamarlo a comparecer.

La nueva entidad que integró el Congreso con los diputados Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional; Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Daniel Vargas, por el oficialismo, asumirá y propondrá al plenario una decisión sobre la anulación del también llamado fuero de improcedibilidad de los dos gobernantes.

La entidad tendrá 20 días hábiles, prorrogables una única vez por un plazo idéntico, para presentar ante el Plenario un informe sobre el citado proceso contra el presidente y su titular.

El órgano –según el líder legislativo Rodrigo Arias- sesionará de manera pública para analizar la acusación, aunque podrá declarar la sesión como privada, si así lo deciden sus integrantes, previa justificación.

La Asamblea Legislativa, tras conocer las conclusiones y recomendaciones de los diputados, realizará una votación final en la misma sesión, en la que también participará el presidente para ejercer su derecho a la defensa, concluido lo cual los legisladores iniciarán sus deliberaciones finales.

Los cargos del Ministerio Público contra los dos gobernantes están vinculados al pago de una alta suma mediante un contrato para una estrategia de comunicación instalado en la Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.

La Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, aprobó el 1 de julio trasladar al Congreso la denuncia fiscal, que emplaza a ambos por el citado delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

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