El mandatario anunció siete preguntas, que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), hasta reducir el número de asambleístas, llevar a juicio político a jueces constitucionales, permitir la contratación laboral por horas, autorizar casinos, y establecer bases militares extranjeras.

La iniciativa, que deberá ser revisada por la Corte Constitucional antes de su convocatoria oficial, ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos.

Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante.

La vicepresidenta, María José Pinto, afirmó que se trata de un momento para “actuar con valentía”, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, calificó la decisión como “firme y necesaria”.

Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que Ecuador vive “un proceso de cambio”, y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, destacó que Noboa “marca distancia de las viejas prácticas”.

En contraste, organizaciones sociales, líderes indígenas y figuras de la oposición han cuestionado la pertinencia y el contenido de la consulta.

El dirigente indígena Leonidas Iza denunció que las preguntas responden a “una retaliación” del Ejecutivo tras los recientes fallos de la Corte Constitucional que suspendió de forma cautelar la aplicación de artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno.

Es un intento de meter las manos en la justicia y garantizar negocios privados, afirmó.

Desde la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) consideró que las preguntas no responden a las verdaderas urgencias del país.

“La única pregunta que el país necesita es si el derecho a la verdad debe ser un principio constitucional”, escribió Correa en su cuenta de la red social X.

El exgobernante argumentó que la tragedia nacional no es por leyes o institucionalidad, sino por malos gobiernos y consideró que la consulta “puede ser una oportunidad para darle un NO rotundo a un Gobierno inepto y corrupto”.

En ese sentido, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que mientras el sistema de salud colapsa y la inseguridad crece, el Ejecutivo destina millones a una “consulta innecesaria”.

Reiteró su oposición a temas como el trabajo por horas y pidió a la Corte Constitucional actuar con independencia.

Esa instancia judicial tiene ahora la tarea de calificar las preguntas antes de su eventual convocatoria para finales de 2025.

De ser aprobadas, se abrirá un nuevo capítulo en la historia democrática del país, marcado por una intensa polarización política y social.

La jefa de bancada legislativa oficialista, Valentina Centeno, resumió el objetivo del Gobierno: “No son simples cambios. Son soluciones reales para garantizar seguridad, transparencia y justicia”.

En abril de 2024, el presidente Noboa ya impulsó una consulta en la cual la ciudadanía rechazó temas clave como la contratación laboral por horas y ahora el Ejecutivo insistirá en ese asunto.

En aquella ocasión, el Gobierno también intentó incluir una pregunta sobre la reapertura de casinos, pero ni siquiera llegó a la papeleta en medio de críticas por cómo esa iniciativa favorece el lavado de activos mientras el país sufre con la crisis de seguridad y el crimen organizado.

No obstante, Noboa buscará nuevamente legalizar espacios para juegos de azar.

Para muchos la intención de un nuevo proceso consultivo no es más que una maniobra de distracción en un país inmerso en crisis institucional, económica y social, mientras colectivos de la sociedad civil anuncian movilizaciones contra otras medidas del Ejecutivo, como la fusión de ministerios y los despidos de funcionarios públicos.

rgh/avr