Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, declaró a la prensa que presentarán una demanda ante la Corte Constitucional en contra de esa medida que, según aseveró, pone en riesgo el empleo, la inversión y la legalidad.

Los mineros legales no podemos pagar esos valores exagerados que lo único que hace es fomentar el desempleo y los despidos de familias que se dedican directa e indirectamente a la minería, señaló Godoy.

El dirigente del gremio destacó el respaldo al gobierno y al presidente, Daniel Noboa, pero dijo que el mandatario tiene a su lado personas que “cometen errores”.

Los manifestantes defienden una minería que genere empleo digno, respete al ambiente y promueva el desarrollo local.

El Ejecutivo defendió la implementación de la tasa, que entró en vigor a fines de junio, como un mecanismo para fortalecer las capacidades de supervisión de la Arcom, especialmente en territorios afectados por la minería ilegal.

Se estima que el pago podría generar entre 100 y 220 millones de dólares anuales, recursos que aseguran serán destinados exclusivamente a labores de fiscalización.

“La tasa minera está en firme y no vamos a negociar ni a dilatar este proceso”, dijo la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, en una rueda de prensa donde suscribió la reapertura del catastro minero tras más de siete años cerrado.

Ante el desacuerdo, la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador (CME), María Eulalia Silva, informó el 9 de julio que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización por considerarla un pago “desproporcionado” y que “pone en jaque a la industria”.

Esa impugnación se suma a la que este miércoles presentarán los gremios de trabajadores mineros.

Paralelamente, indígenas, activistas ambientales y organizaciones defensoras de los derechos de la naturaleza se oponen a los proyectos mineros del Gobierno de Noboa.

jha/avr