El organismo judicial señaló que el cuestionamiento, -cuyo análisis fue aprobado en la Asamblea Nacional (Parlamento)-, cumple con los requisitos previstos en la ley y, por tanto, será enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar el referendo.

Específicamente, la pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo…?”.

La propuesta de Noboa, bajo el argumento de que es necesario el apoyo externo para enfrentar la crisis de seguridad, fue aprobada en el Legislativo en dos votaciones, a pesar de las críticas por las implicaciones que tiene para la soberanía nacional.

El coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ, Pablo de la Vega, comentó que de aprobarse algo así quien sale ganando es la postura de defensa global de la primera potencia militar en nuestro hemisferio y no precisamente Ecuador ni sus necesidades de enfrentar la delincuencia organizada.

El Gobierno anunció esta semana que remitirá otras preguntas a la Corte para realizar el referendo a fines de este mismo año.

La propuesta del mandatario de una nueva cita en las urnas aumentó las tensiones políticas en Ecuador, donde diversos sectores cuestionan el contenido y pertinencia del proceso.

El mandatario anunció siete preguntas, que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta reducir el número de asambleístas, llevar a juicio político a jueces constitucionales, permitir la contratación laboral por horas, autorizar casinos, y la de establecer bases militares extranjeras.

La Corte Constitucional deberá analizar cada una de las interrogantes y determinar si antes de ir a la votación popular deberá pasar por la Asamblea.

El llamado de Noboa a la consulta, en medio del pulso con la Corte por la suspensión de artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo, ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos.

Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante.

Mientras que organizaciones sociales, líderes indígenas y figuras de la oposición creen que no es más que una maniobra de distracción, que no resolverá los problemas de un país inmerso en crisis institucional, económica y social.

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