Fuentes citadas por varios medios indicaron que entre las víctimas figuran 12 muertos, incluidos nueve niños y una mujer, mientras que 18 civiles, incluidos cinco menores, sufrieron lesiones.

De acuerdo con datos de entidades de derechos humanos, las municiones remanentes del conflicto, incluidas minas, artefactos explosivos improvisados, proyectiles de artillería, mortero y bombas de racimo, siguen representando un grave peligro para la población civil, dificultan el retorno de desplazados y amenazan su vida diaria.

Desde enero de 2025 los incidentes de explosiones causaron la muerte de 499 personas, entre ellas 143 niños y 32 mujeres, y heridas a 547 civiles, incluidos 245 menores y 14 mujeres.

Organismos locales e internacionales han advertido sobre la urgente necesidad de documentar los incidentes, identificar las zonas más contaminadas y reforzar las operaciones de limpieza, ante la limitada capacidad de respuesta nacional y la insuficiente atención internacional a este problema.

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