“Dentro de este proceso (…) las partes que están involucradas han realizado diferentes acciones, como apelaciones, y existiendo un amparo constitucional sobre el cual el tribunal no se ha pronunciado, es necesario evitar que estos impedimentos generen un mayor retraso (con su falta de resolución)”, afirmó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

Camacho es el principal acusado en este proceso que se tramita en un juzgado de la ciudad de Santa Cruz.

El hecho se remonta a marzo de 2022, cuando la máxima autoridad ejecutiva cruceña designó por el Decreto Departamental 373 al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, gobernador en funciones, cuando esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera.

Ante este suceso, se activó una investigación por el delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En el juzgado que se tramita la causa se pide que Camacho sea trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, a su audiencia en Santa Cruz.

Según el abogado del gobernador, Martín Camacho, se incumplió nuevamente el traslado de su cliente, por lo cual la audiencia prevista para este jueves no será instalada.

Sin embargo, el procurador del Estado, Ricardo Condori, explicó que el proceso está estancado por la falta de resolución de recursos pendientes y de vicios procesales que deben atender las autoridades judiciales.

Sobre esa base, consideró necesario priorizar la atención de estos temas con la finalidad de acelerar el juicio.

Opinó que “se ingresa en una terquedad judicial de este tribunal, al ordenar a ultranza el traslado del señor Camacho cuando no corresponde, existiendo estos vicios procesales (…)”.

Demandó, al respecto, a las partes involucradas en el juicio, lo que denominó corrección de procedimiento.

“(…) Esta corrección de procedimiento ha sido negada (…). Teniendo estos vicios procesales, ¿es necesario que este tribunal insista, con una suerte de traslado del señor Camacho, cuando este tribunal sabe? Las partes procesales saben que es imposible que se lleve una audiencia cuando se tienen estos vicios procesales”, argumentó el procurador.

Camacho permanece recluido en Chonchocoro desde finales de 2022, imputado en el expediente Golpe de Estado I, en el cual se investiga su participación como principal promotor de las revueltas que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, y las masacres posteriores del Pedregal, Sacaba y Senkata, con saldo de 37 muertos.

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