El fiscal Miguel Cardozo confirmó que la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida en la investigación impulsada por el Ministerio Público.
«Dentro del caso que sigue el Ministerio Público contra el exministro Alan Lisperguer, se ha procedido a la aprehensión el día de hoy y se está procediendo al traslado a la ciudad de La Paz», dijo este jueves la autoridad a cadena Erbol.
La denuncia contra Lisperguer y su exasesor jurídico Gabriel D. A. fue presentada en enero de este año por el Viceministerio de Transparencia.
Según la acusación, ambos omitieron en sus declaraciones juradas depósitos de terceras personas por sumas millonarias.
El 20 de febrero del año en cuso, el extitular prestó su declaración informativa en la Fiscalía en calidad de investigado, y entonces se decidió que se defendiera en libertad.
A partir de entonces, el proceso continuó en fase investigativa.
El ocultamiento de bienes y el flujo de dinero no justificado constituyen indicios de enriquecimiento ilícito, aseguran las autoridades.
Adicionalmente, el exministro encara otro proceso penal, pues a inicios del mes en curso se favoreció de medidas sustitutivas en un caso relacionado con violencia familiar.
En el contexto de ese expediente, un juzgado le impuso restricciones, aunque le permitió mantener su libertad mientras se desarrollan las pesquisas.
La aprehensión de este jueves constituye un nuevo capítulo en los procesos legales que pesan sobre Lisperguer, quien fue parte del gabinete del presidente Luis Arce, y cuyo patrimonio es sometido actualmente a investigación.
Según el Ministerio Público, el traslado a La Paz del presunto comisor de delitos permitirá que comparezca ante las autoridades judiciales competentes en la capital política del país.
Añade la fiscalía que en la sede gubernamental se definirá su situación jurídica, lo cual puede derivar en la imposición de medidas cautelares, incluida la detención preventiva, si el Ministerio Público demuestra la existencia de riesgos procesales.
Este expediente es parte de una serie de investigaciones recientes contra exautoridades y exfuncionarios, impulsadas por instancias estatales con el objetivo de transparentar el manejo de bienes y recursos públicos, se informó.
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