El martes el gobernante encabezó una multitudinaria marcha en Quito hasta la sede del tribunal de control constitucional en rechazo a la decisión de ese organismo de suspender temporalmente artículos de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional.

Según señaló en un breve discurso afuera de la Corte rodeado de ministros y sus simpatizantes, no va a permitir “que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”.

Según la Unión Nacional de Educadores la protesta contó con la participación de servidores públicos obligados a movilizarse mediante engaños, mentiras, chantajes y coerción.

Muchos de los participantes confirmaron que asistieron a la protesta en apoyo al presidente Noboa, sin embargo, desconocían los motivos exactos de la movilización ni por qué existen tensiones entre el Gobierno y la Corte.

Uno de los temas más polémicos de la jornada fue la presencia de vallas con las imágenes de los jueces constitucionales acompañadas de la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

El tribunal emitió un pronunciamiento que rechaza la exhibición de los rostros de sus jueces, algo que incrementa el “riesgo a su seguridad e integridad personal” y afecta directamente a la independencia de ese organismo.

La relatora especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, expresó su preocupación por la presión política de “altos funcionarios públicos” de Ecuador a la Corte Constitucional.

En medio de esta tensión, envió a revisión de la Corte sus propuestas de preguntas para un referendo, entre ellas que los jueces constitucionales puedan ser enjuiciados políticamente en la Asamblea Nacional (Parlamento), que actualmente cuenta con mayoría oficialista.

Por otro lado, organizaciones sociales y populares también se movilizaron este jueves, pero en respaldo a los magistrados constitucionales y contra las leyes y medidas del Ejecutivo.

Paralelamente, la salud pública de Ecuador está bajo fiscalización tras el fallecimiento de 12 neonatos en un hospital de la ciudad de Guayaquil y denuncias de falta de medicamentos e insumos, mientras el Gobierno pretende destinar fondos a una consulta popular.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, se presentó ante la Comisión de Salud del órgano legislativo para dar explicaciones por la muerte de varios recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil y confirmó que en ese centro se detectó un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae, como consecuencia perdieron la vida dos neonatos.

En ese contexto, el bloque opositor de la Revolución Ciudadana (RC) informó que solicitaron a la Contraloría General del Estado auditorías y exámenes especiales a hospitales públicos en todo el país.

“Esto no es un show ni un acto mediático: es convicción, una defensa frontal de un derecho humano básico: la salud. Lo hacemos porque el país vive una de las crisis más graves de su historia en todo el sistema público”, indicó la bancada de la RC en un comunicado.

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