Según Zanin, presidente de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), se celebrarán sesiones extraordinarias el 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre para analizar el caso.
Un día después de que todos los acusados presentaran sus alegatos finales, el magistrado Alexandre de Moraes abrió el expediente a juicio y solicitó a Zanin que fijara una fecha.
En el análisis, los magistrados de la primera sala votarán para condenar o absolver a los acusados y determinar sus penas.
De Moraes comenzará la sesión con la lectura de su informe, en el que revisará todas las pruebas recabadas y presentadas durante el proceso.
Posteriormente, el fiscal general Paulo Gonet o un representante del Ministerio Público Federal presentará sus alegatos orales.
Los abogados de los acusados harán lo mismo, comenzando por el teniente coronel Mauro Cid, denunciante y exayudante de órdenes de Bolsonaro, y procediendo en orden alfabético.
Solo después de los alegatos orales, De Moraes presentará su voto y solicitará la condena o absolución de los acusados individualmente.
El ministro deberá proponer una sentencia para cada uno. De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años de cárcel. Sin embargo, no se espera que esta sentencia sea inmediata.
Los imputados solo comienzan a cumplir su sanción una vez finalizado el caso, es decir, después de que haya vencido la posibilidad de apelar la decisión.
En sus alegatos finales, la mayoría de los inculpados alegó violaciones procesales y falta de acceso a su defensa.
Citaron, por ejemplo, la imposibilidad de analizar todo el material proporcionado, cuestionaron el acuerdo de culpabilidad de Cid y señalaron hechos que supuestamente se presentaron fuera de plazo.
Otros argumentos recurrentes se refieren a la presunta parcialidad del relator (De Moraes) y a las alegaciones de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General no cumplen con los requisitos para una posible condena.
Ese Ministerio Público, en sus fundamentos finales, solicitó la condena de todos los acusados y reforzó el papel central de Bolsonaro en el intento de ruptura democrática tras las elecciones de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía General, desde que la primera sala del STF recibió la acusación y, en consecuencia, se inició el proceso penal, se recabaron diversas pruebas que justifican la condena.
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