Las declaraciones dadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, confirmaron que ellos, funcionarios de la Gobernación, integrantes de la fuerza pública y otros empresarios articularon un plan de apoyo logístico y financiero para las estructuras paramilitares en la década de 1990.

De acuerdo con una investigación del diario El Espectador, que revela sus testimonios, funcionarios del entonces gobernador Uribe habrían facilitado la creación en Antioquia de las llamadas “Convivir”, cooperativas de seguridad privada que sirvieron de fachada al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Describe el rotativo que los hermanos narraron cómo Pedro Juan Moreno, secretario del gobierno departamental y mano derecha de Uribe, habría tenido una participación vital en el apoyo dado a esas estructuras.

Francisco Angulo relató que participó en la Convivir como auditor fiscal y que el grupo operó como un “intermediario legal” entre paramilitares y Ejército.

Aseguró además que aportaron dinero, víveres, transporte y alojamiento a los hombres armados, e incluso entregaban información militar y de inteligencia para facilitar operaciones que derivaron en masacres y desplazamientos masivos.

Según el testimoniante, un asesor de la Secretaría de Gobierno, de apellido Zapata, tramitaba los formularios y resoluciones para dar vida jurídica a las Convivir.

Además apuntó que quienes dirigían esas estructuras realizaban ejecuciones extrajudiciales.

Tanto Uribe como su equipo legal niegan que el expresidente haya estado involucrado o tenido conocimiento de las actividades criminales descritas.

Actualmente, el exgobernante cumple una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Sin embargo, existen sombras sobre su responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja sucedidas entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.

La Fiscalía, en torno a esos sucesos, solicitó en 2015 a la Corte Suprema investigar a Uribe porque en calidad de gobernante local, “habría facilitado la labor de los paramilitares” que participaron en las matanzas de campesinos.

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