El debate de este martes será el primero de los dos análisis que debe pasar, en el Legislativo, la disposición propuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con carácter urgente.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora Valentina Centeno, del oficialista movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), ya dio el visto bueno a la iniciativa.

No obstante, Liliana Durán, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), de oposición, señaló que, si bien se presenta como una herramienta para frenar el lavado de activos y el crimen organizado, se “queda corta”.

En su opinión, la Ley no ataca a los grandes responsables de esos flujos irregulares y pone la lupa sobre las organizaciones sociales.

“La ley exige cumplir requisitos que una comunidad barrial, una fundación pequeña o un colectivo de mujeres difícilmente podrán sostener. ¿Cómo se supone que van a contratar auditores o levantar estructuras burocráticas si apenas sobreviven con lo que logran recaudar?“, cuestionó Durán.

Su compañero de bancada Franklin Samaniego también consideró que el proyecto podría abrir la posibilidad a una “hiperregularización” de las organizaciones de la sociedad civil, así como una posible persecución a quienes no piensan igual que el oficialismo.

Por su parte, Álex Toapanta, asambleísta de Pachakutik que no ha votado con el oficialismo, expuso la preocupación de las bases comunitarias por el proyecto, vendido como herramienta contra el lavado de activos, pero su objetivo parece ser desmantelar la democracia y participación.

Toapanta coincidió con Durán en que la ley impone una carga administrativa y financiera a las pequeñas fundaciones y colectivos que operan con presupuestos mínimos, por lo que “el resultado no será una mayor transparencia, sino la asfixia y desaparición de miles de organizaciones vitales”.

El activista Ricardo Buitrón, del grupo Acción Ecológica, afirmó que esa medida busca criminalizar a personas que luchan por el cumplimiento de los derechos en Ecuador y pretenden vincularlos con organizaciones criminales.

Nos tratan como empresas, hablan de utilidades y dividendos, y en realidad somos organizaciones sin fines de lucro, afirmó Buitrón, que aseguró que acudirán a instancias nacionales e internacionales para evitar retrocesos.

Tras el debate de este martes, el proyecto regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para incluir observaciones realizadas y aprobar un segundo y definitivo texto que se someterá a votación del pleno parlamentario.

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