En un mensaje difundido en la red social X, denunció que tres agentes de inteligencia fueron sorprendidos el lunes en los exteriores de su vivienda, en la comunidad San Ignacio, provincia de Cotopaxi, mientras realizaban labores de seguimiento.

Iza afirmó que los agentes tomaban fotos y videos de sus actividades y que al ser increpados intentaron huir a gran velocidad y, según dijo, en los teléfonos de los uniformados hallaron registros de vigilancia desde enero en distintos lugares del país.

El dirigente indígena, que denunció un intento de asesinato, calificó el hecho como un acto de persecución política y advirtió: “Responsabilizo al Gobierno ecuatoriano por lo que llegara a suceder con mi persona, mi esposa y mis hijos o cualquier otro miembro de mi familia y comunidad”.

Iza recordó que ya ha sido víctima de hostigamiento, encarcelamiento y amenazas, y rechazó el uso del aparato estatal de inteligencia “con fines de criminalización”.

“Estas acciones no callarán nuestra voz crítica ante los atropellos del poder”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado justificó la labor de los agentes, que actualmente están retenidos por la comunidad indígena.

La Fiscalía justificó que los retenidos “se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”, sin detallar si involucra directamente al exdirigente de la Conaie.

La entidad apuntó que respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios

Sin embargo, se refirió a la necesidad de mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia en todas sus formas.

Para el movimiento indígena la Fiscalía intentó minimizar la gravedad de la situación al señalar que los uniformados formaban parte de una investigación.

“Este discurso busca normalizar un hecho extremadamente grave, pese a que existen pruebas en los chats de los agentes que confirman el seguimiento ilegal, la ubicación permanente de Iza y hasta referencias explícitas a un posible asesinato”, comentó el medio comunitario Kapari Comunicación, ligado al movimiento indígena.

Además, cuestionó que mientras el organismo habla de “diálogo entre justicia ordinaria e indígena”, evade pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado en la persecución sistemática contra dirigentes sociales.

“El comunicado de la Fiscalía no aclara, sino que legitima la persecución”, subrayó el abogado Lenin Sarzosa

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