A dos años del proceso consultivo, donde la mayoría de los ecuatorianos votó por dejar el crudo bajo tierra en esa zona de la Amazonía, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), denunció que la inacción oficial vulnera la soberanía popular.
Junto a ellos estuvieron miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el colectivo Yasunidos y otros grupos ambientales.
Con música y cantos típicos, los waorani pidieron a la Corte que haga respetar la decisión de la ciudadanía, que el 20 de agosto de 2023 acudió a las urnas y dijo no al extractivismo en esa región.
“Hace dos años que se llevó a cabo la consulta popular, en la que el pueblo ecuatoriano se solidarizó con los pueblos waorani y los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane (que habitan en el Yasuní)”, apuntó Juan Bay, presidente de la NAWE.
Manifestó que “es importante que el pueblo ecuatoriano, la sociedad y el mundo sepan que estamos para exigir que nuestro territorio sea respetado”.
Asimismo, Bay recordó que en 2024 ingresaron un documento a la Corte para exigir una respuesta que permita hacer efectivo el mandato popular sobre el Yasuní, un área de gran diversidad ubicada entre las provincias de Orellana y Pastaza.
Sin embargo, “lejos de ejecutar la voluntad ciudadana, el Estado ha inventado excusas, trámites, comités e informes para dilatar lo que debía ser una acción inmediata”, señaló Yasunidos en un comunicado este miércoles.
Afirmaron que el Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene la infraestructura petrolera pese al plazo establecido por la Corte Constitucional para cerrar los pozos del Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha) antes del 20 de agosto de 2024.
En esta ocasión, la NAWE presentó al tribunal cinco solicitudes, ente ellas que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular informe sobre el cronograma y las medidas de desmantelamiento y reparación adoptadas hasta el momento.
Hace un año, expertos de Naciones Unidas instaron al Ejecutivo ecuatoriano a respetar la decisión popular y acelerar el fin de la extracción.
Desde el Gobierno se anunció un retiro progresivo con un plan de largo plazo a cinco años, pese a que el dictamen judicial señalaba que el desmantelamiento debía hacerse en un año, tiempo que las autoridades consideraron imprudente para hacer el proceso de forma segura.
Por el momento se desconoce cómo avanza esa estrategia para apagar 247 pozos petroleros en la que es considerada como una de las zonas más biodiversas del planeta.
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