En una declaración, la Cancillería llamó a Washington a retirar todas sus medidas punitivas basadas en el Decreto Presidencial del pasado 6 de febrero, que ataca al tribunal de justicia internacional regido por el Estatuto de Roma.

De acuerdo con París, las sanciones constituyen un atentado contra la CPI y sus 125 Estados partes, además de transgredir el principio de la independencia de la justicia.

Más temprano, el secretario de Estado Marco Rubio divulgó la decisión estadounidense, dirigida a afectar a los fiscales Kimberly Prost (Canadá), Nicolas Guillou (Francia), Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

Rubio argumentó que esas autoridades participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel, sin el consentimiento de estas naciones, las cuales no son miembros de la Corte.

Los magistrados son parte de pesquisas por crímenes cometidos en la Franja de Gaza y Afganistán.

Al menos otras cuatro autoridades de la CPI han sido sancionadas por Washington en lo que va de mandato del presidente Donald Trump.

Francia manifestó solidaridad con los sancionados y reafirmó su apoyo a la CPI, a la que consideró esencial en la lucha contra la impunidad y cuya independencia e imparcialidad alegó.

Seguiremos movilizados junto a nuestros socios europeos y otros Estados partes del Estatuto de Roma para que la Corte haga justicia para las víctimas de los crímenes más graves, subrayó.

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