El organismo judicial convocó a una audiencia pública telemática para el lunes 1 de septiembre, fecha en que escuchará criterios sobre las demandas interpuestas por organizaciones de derechos humanos y gremios sindicales.

Entre los accionantes figuran la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y la Corporación Promoción de la Mujer.

También participan el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y varias federaciones laborales.

Los demandantes alegan que las normas otorgan al Estado facultades excesivas de control e inteligencia.

Advierten que esto puede traducirse en restricciones a la libertad de asociación, vigilancia indebida y sanciones arbitrarias.

La Corte convocó a la audiencia al presidente de la República, Daniel Noboa, al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, y otras autoridades.

El llamado también se extendió a universidades, expertos, gremios y a cualquier ciudadano interesado en presentar amicus curiae, o sea, aportes de terceros que, sin ser parte del proceso, ofrecen criterios técnicos o jurídicos para enriquecer el debate.

Para los denunciantes, la Ley de Inteligencia, defendida por el gobierno de Daniel Noboa, viola el derecho a la privacidad y al debido proceso al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, y otorga impunidad a los agentes, entre otras vulneraciones.

A inicio de agosto, la Corte Constitucional suspendió varios artículos de esa y otras dos normativas de interés del Ejecutivo.

El organismo de control constitucional analizará la próxima semana las demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional (25 de agosto) e Integridad Pública (27 de agosto).

Para Noboa, la decisión de frenar temporalmente sus iniciativas limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad, por lo cual convocó a una marcha contra la Corte que reunió a miles de personas en Quito el pasado 12 de agosto.

En el trayecto de la movilización hubo vallas con los rostros de los jueces acusados de ser responsables de “robar la paz”.

Mediante un comunicado, 70 organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, rechazaron la postura en contra de la decisión de la Corte de suspender varios artículos de esta y otras normas que consideramos inconstitucionales.

“Todas estas, acciones que pretenden desacreditar el accionar técnico y jurídico de la Corte Constitucional y menoscabar sus funciones”, aseveró el texto.

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